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El componente social

En 2010, un informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento alertaba de que más del 50% de los edificios residenciales existentes en Andalucía de tres o más plantas destinados a viviendas carecen de ascensores. La proporción apenas ha variado y la población afectada se cifra en casi 1.800.000 personas. De ellas, según el Defensor, 165.075 son discapacitadas.

La labor de Praysa traspasa los límites de un servicio comercial al uso, por su origen solidario y su vocación social. El tratamiento personalizado a cada uno de los problemas que se plantean en edificios residenciales permite descubrir realidades difíciles de comprender en la actual sociedad tecnológica, casi siempre asociadas a barreras arquitectónicas, aunque también arquetípicas y psicológicas que Praysa se propone derribar con su incesante búsqueda de soluciones.

Estos edificios son anteriores, lógicamente, a las exigencias actuales de la norma técnica de edificación para inmuebles colectivos de más de una planta. Se construyeron entre los años 60 y 80. “En lo que concierne al parque residencial existente se ha ido originando una situación que, sin paliativos, se puede calificar de dramática para los residentes en estos inmuebles que poseen alguna discapacidad relacionada con la movilidad”, plantea el Defensor del Pueblo Andaluz.

Las soluciones específicas a este problema general, que genera en España la existencia de al menos 400.000 personas ‘prisioneras’ en sus propios domicilios, incluyen varios inconvenientes. Para hacer posible la instalación de ascensores en estos inmuebles es necesario obtener el quórum exigido por la normativa de propiedad horizontal en vigor o, en su caso, una resolución judicial favorable.

Por otra parte, es posible que el inmueble haya agotado su edificabilidad y que, por sus características arquitectónicas, la distribución de espacios y el régimen jurídico de los mismos destinados a uso público impidan en un primer momento la concesión de una licencia de obras. Harían falta reconsideraciones urbanísticas dentro de la permisividad del Código Civil o el Código Técnico de la Edificación.

El propio Defensor Andaluz añade a esta relación de inconvenientes el de la financiación, teniendo en cuenta que gran parte de los habitantes de estos edificios, sobre todo de tres o más alturas, son de renta media-baja y/o pensionistas y que las subvenciones son oscilantes o incluso desaparecen en momentos de crisis económica.

Praysa es capaz de dar respuesta a todas estas necesidades. Porque asume la responsabilidad en todo el proceso, desde la inquietud de un habitante por derribar una barrera arquitectónica hasta la puesta en marcha del ascensor en el caso de que ésta sea la solución. Esta globalidad favorece un seguimiento exhaustivo y, principalmente, un ahorro de costes.

Praysa colabora con ‘Tiene Arreglo’
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